COLOMBIA: LA VIOLENCIA COMO FORMA DE VIDA

COLOMBIA. LA VIOLENCIA EN SU HISTORIA (SIGLOS XIX Y XX)

El siglo XIX colombiano es uno de los pilares que se deben tener en cuenta para comprender los acontecimientos que se desarrollarán durante el tumultuoso siglo siguiente en este país. Durante este siglo, Colombia vivió un intenso proceso de migraciones internas provocadas por la ocupación de nuevas tierras. Y es que, esta tenía lugar a punta de pistola, de forma directa o indirecta, por parte de los poderosos, que lograban así acumular grandes extensiones de tierra sin coste alguno. Esto no ocurría en todas las tierras, eso sí, si no que especialmente la atención de los ocupadores se centraba en las laderas de las montañas (donde se cultivaba el café) o en las marismas de Santa Marta (principal espacio de plantación del banano). Otro mercado lucrativo desde este punto de vista fue el del caucho, entre finales del siglo XIX y principios del XX, por el cual, debido al empleo esclavo del que hacía gala, se dio una verdadera situación de caza de seres humanos en el país. La causa de esa fiebre del caucho venía por el desarrollo y democratización del comercio de automóviles.

Todo esto denota una profunda relación persona-geografía, un continuo proceso de colonización y civilización de un país que aun vive en estado de naturaleza, lo que demuestra el peso que esta disciplina tiene en el análisis de la historia colombiana. Geográficamente, Colombia está atravesada por tres cordilleras (Occidental, Central y Oriental) y se articula alrededor de dos valles inmensos, los de los ríos Cauca y Magdaleno. Junto con las selvas amazónicas y los diversos llanos, esta es la conformación geográfica general del país. Estos rasgos deben ayudar a comprender un concepto fundamental: la compartimentación del país y ese estado de naturaleza son causas de la soledad y el desamparo de los habitantes de las zonas rurales periféricas. Esto redundará en una lealtad ciega de los campesinos hacia sus caciques y caudillos, que los gobernaban y los habían arrastrado hacia la colonización. Esto tendría consecuencias importantes en un determinado periodo de la historia colombiana.

Para entender los historiales de violencia del país tenemos que acercarnos a la figura de Camilo Torres, un sacerdote e intelectual colombiano formado en los años cincuenta. Cursó sus estudios universitarios en Lovaina (Bélgica), convirtiéndose en el principal sociólogo del país. Su estudio de doctorado le llevó a extraer una conclusión a raíz del periodo que había utilizado como contexto, la época conocida como La Violencia (c. 1948-1958): que la didáctica de la violencia venía determinada por la irresolución de los conflictos latentes provenientes de dicho periodo, dejando establecidos unos modelos de comportamiento.

La Violencia fue, a grandes rasgos, una guerra civil no declarada entre los seguidores de los partidos conservador y liberal, y que tuvo por escenario principal los campos. Es en estos ámbitos rurales donde se ensayarían múltiples formas de exterminio, motivadas por las divisiones políticas. La causa del estallido fue un asesinato, el de Jorge Eliecer Gaitán (9-IV-1948). Gaitán, era el nuevo líder de los liberales, pero su ideología y su lectura del país iban más allá de lo que los propios liberales defendían. Según él, el país estaba dominado por una élite, que aprovechaba las divisiones para perpetuarse en el poder, sin importar a qué partido defendieran. Su lectura de clase social (campesinos frente a élites) fue apoyada por una plataforma electoral inspirada en la peronista, aunque las ideas de ambos eran bastante diferentes, ya que Gaitán abogaba por un radicalismo mayor, por la búsqueda de una revolución socialista, sin declararse marxista, de una forma ideológicamente más avanzada. Las elecciones próximas parecían depararle el cargo de presidente (tenía un 70 % de intención de voto), para horror de las élites, pero su asesinato frustró el cambio.

Su muerte supone un shock en los campos, y una semana después estalla en Bogotá una insurrección destructiva conocida como el Bogotazo, un aquelarre nihilista que finalizó con la salida de los tanques a las calles y un saldo de entre 2000 y 3000 muertos. La capital quedaría pacificada en una semana, pero cuando el conflicto se ramificó hacia el campo, llegó para quedarse. La violencia se convertiría en moneda de cambio habitual, máxime después de que un diputado conservador declarara por la radio que “hay que armarse antes de que te maten”, los campesinos de uno y otro bando tomaron estas palabras al pie de la letra y así se despertó el caos en los campos.

Después de casi 250.000 muertos, el fin del conflicto llegó, no por un acercamiento de las posturas sino por el agotamiento entre ambos contendientes. De estos episodios de violencia, quien más favorecida salió fue la élite gobernante. El efecto secundario fue la asunción de una pedagogía de la violencia y un disciplinamiento social a través de la misma, de una forma como no se había conocido en Colombia en toda su Historia. Un ejemplo de ello es la fisicidad de las muertes, ya que casi todas las muertes son “a machete” o por arma blanca.

Tras la paz se proclamó una amnistía que afectaba a todos aquellos que hubieran realizado acciones de guerrilla, especialmente en el campo liberal, pero esta fue una trampa, empleada para cazar a aquellos que no se habían entregado o que no habían confesado sus crímenes durante la Violencia. Un grupo de guerrilleros, al percatarse de esto, decidió no caer en la trampa y mostrar su desacuerdo con el pacto de élites que había acabado con la Violencia, retirándose a las selvas donde desarrollan una nueva lectura de clase (diferente a la de Gaitán) con un contenido esencialmente marxista. No sería hasta el periodo 1963-1964 cuando el Gobierno empezó a discutir sobre la existencia y situación de esas, casi de facto, “repúblicas comunistas independientes” establecidas en el interior del propio país. Se decidió entonces pasar a la acción y atacar el principal bastión de estos insurrectos: Marquetalia. Esta era una comunidad idílica, donde Manuel Marulanda, cabeza de este movimiento, y sus familiares, amigos y simpatizantes se habían establecido de forma comunitaria. El acoso del Estado, con un verdadero asedio, acabó con un ataque aéreo con napalm, por suerte, Marulanda y su gente ya habían huido por caminos secretos y túneles situados a lo largo de la selva. En 1966 tendría lugar una reunión entre delegados de experiencias parecidas para poner en común formas de actuación. Al año siguiente, en 1967, la solución tomaba una forma con la constitución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas por su acrónimo, FARC.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Las FARC)

A partir de ese momento, las FARC y el PCC se comportaron como dos organizaciones distintas que mantenían algunos vínculos; pero que conservaban autonomía propia y mantenían notables discrepancias políticas. De hecho, el Partido Comunista mantuvo una fuerte ambigüedad sobre la lucha armada. Por un lado, calificó a las FARC como su brazo militar. Pero al mismo tiempo, se negó a apoyar formalmente el desarrollo de un proceso de insurrección armada en la medida en que consideraba que no existían las condiciones idóneas para su triunfo. De hecho, el PCC nunca abandonó la competición electoral legal. A mediados de los años 80, la iniciativa de diálogo del presidente Betancour con las FARC creó un nuevo escenario político que facilitó la convergencia entre guerrilleros y comunistas. Ambos grupos constituyeron una coalición bajo la denominación de Unión Patriótica (UP) como parte del proceso destinado a permitir que la organización insurgente se sumara a la actividad política legal y abandonara las armas. Sin embargo, una intensa campaña de terrorismo de extrema derecha diezmó a los militantes de la UP e impidió su participación en la competición electoral en condiciones de mínima normalidad. Como consecuencia, el proceso de paz naufragó definitivamente. La guerrilla retornó a la actividad militar mientras el Partido Comunista se mantenía vinculado a la UP y participaba en la vida política legal.

En cualquier caso, el rasgo diferencial de las FARC ha sido que ha desarrollado esta maquinaria bélica como un actor independiente, sin contar con un patrocinio relevante de estados extranjeros. De hecho, esta guerrilla ha conseguido autonomía en tres aspectos decisivos que le proporcionaron una cadena logística libre de dependencias. Para empezar, ha logrado alcanzar una completa capacidad de autofinanciación. Desde luego, el origen de este sostenimiento económico se encuentra en la vinculación de las FARC al narcotráfico. En términos generales, los insurgentes no han entrado en la venta de estupefacientes, entendiendo por ésta el traslado de los narcóticos a sus mercados en Europa y EE.UU. Este segmento del negocio de la droga ha continuado en manos de grupos especializados de delincuentes comunes. Por contra, los rebeldes han asumido el papel de un poder paraestatal en las zonas de producción de narcóticos. De hecho, han proporcionado a los campesinos y traficantes involucrados en el negocio servicios básicos como el ejercicio de la justicia, el mantenimiento del orden y la defensa contra las operaciones del ejército y la policía. A cambio, las FARC han recogido tributos en la forma de un porcentaje sobre el valor de la droga producida y exportada.

Un segundo aspecto en el que las FARC han alcanzado una amplia autonomía ha sido en el acceso a suministros bélicos. En este sentido, la guerrilla se ha beneficiado de la expansión del mercado negro de armamentos. En este contexto, los insurgentes han recurrido a dos fuentes particularmente importantes de material de guerra. Por un lado, se han beneficiado de los excedentes de equipo militar resultantes de los procesos de desmovilización de las guerrillas centroamericanas. En este sentido, las relaciones de las FARC con sectores radicales del sandinismo o antiguos militantes del FMLN salvadoreño han resultado críticos para acceder a estos “stocks” de equipo militar.

Como consecuencia de esta independencia logística, las FARC se han convertido en una organización con una enorme impermeabilidad a las presiones internacionales. Sus recursos financieros y militares no dependen de socios estatales que puedan ser influidos a través de canales diplomáticos convencionales para conseguir que retiren su apoyo. En consecuencia, disponen de un amplio margen de maniobra político y militar.

La principal reacción del campesino ante las FARC fue la identificación, ya que hablaban y vestían igual que los campesinos, es decir, sus propuestas de mediación y apoyo eran creíbles y confiables, por el hecho de que parecían entender verdaderamente sus preocupaciones. Estos “solucionadores” marchaban en cuadrillas de unos quince integrantes, encargados de que se cumplieran las leyes, sus leyes. Lo que resultaría de esto, sin embargo, sería la conversión de estas zonas afines a las FARC, en zonas de guerra, debido a la presión y el acoso de las autoridades del país. El primer factor de desapego surgiría entre los campesinos tras la imposición de pagos a la organización para financiarse, ya que los grandes ganaderos a los que extorsionaban en principio toman medidas serias y deciden defenderse.

Podemos decir que se trata más de una terapia de costumbres que de una adaptación al modelo soviético. Las clases subalternas quieren ser reconocidas, respetadas, tenidas en cuenta; y para ello el camino más rápido es la violencia, máxime si tenemos en cuenta que después de cada oleada de violencia se había incrementado paralelamente la concentración de la propiedad. Para las FARC esa no es la solución, la clave está en una propuesta de mayor equilibrio entre las palancas productoras, es decir, una verdadera reforma agraria. En este contexto, Colombia posee gran cantidad de macroexplotaciones en áreas de hasta 200.000 héctareas, dedicadas a cultivos como café o biocombustibles (palma africana), pero cuya conformación ha tenido lugar por medio de una fuerte limpieza demográfica.

Autodefensas paramilitares (AUC)

En el caso colombiano, las características de la llamada violencia política han conducido a una situación en la que se combinan en diversa forma las actuaciones violentas de quienes pretenden remplazar el sistema por uno que se predica como más justo, con la violencia ejercida por un Estado cuya legitimidad es débil y que apela a medios ilegítimos en el ejercicio de su autoridad, y por las acciones violentas de organismos civiles apoyados por diversos órganos o agentes del gobierno. Dada la incapacidad del Estado para mantener el orden cuando éste es alterado por movimientos con un nivel significativo de respaldo social, ha sido tradicional que los civiles se involucren en las actividades militares.

En muchas ocasiones, grupos creados legalmente desbordan los propósitos explícitos de quienes desde el Estado los respaldan, y comienzan a actuar en forma independiente ya resultar cada vez más cercanos a otro tipo aun de grupos que, aunque buscan inicialmente objetivos paralelos a los de las instituciones militares, han sido creados por fuera de las normas legales. Estos últimos han sido conformados en la mayoría de los casos por iniciativa de grupos de individuos con poder económico o político regional, capaces de financiar estas bandas para el ejercicio de tareas de violencia política. Al no hacer parte de un sistema militar abierto, sus vínculos con las instituciones militares son informales y ocasionales; usualmente se benefician por la facilidad con la cual obtienen salvoconductos o permisos militares para el uso de armas, coordinan algunas de sus actividades con autoridades militares de diverso nivel y utilizan la información recogida por las unidades de inteligencia militar para identificar a sus enemigos. Como no están sujetos a las normas militares, no sufren de las limitaciones que los ejércitos tienen en el uso de la fuerza. De este modo, recurren al uso del asesinato de los opositores políticos, al terrorismo, a las amenazas y provocaciones.

La idea de que podía ser necesario apelar a la defensa particular organizada frente a la violencia guerrillera se manifestó desde los primeros años del Frente Nacional. En 1964, por ejemplo, el dirigente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Manuel Castellanos, solicitó al gobierno que autorizara la formación de grupos de autodefensa para proteger a los propietarios de la oleada de secuestros que se estaba presentando. Sólo 4 años después, en 1968, el gobierno expidió la ley 48 que reglamentaba la formación de grupos de civiles armados bajo el control de las Fuerzas Armadas. Poco se sabe sobre la actuación de estos grupos, pero es evidente que inicialmente su actividad fue sobre todo de tipo defensivo.

Entonces entrarán en escena las organizaciones paramilitares. Estas son en la práctica ejércitos al servicio de intereses económicos muy poderosos, principalmente de carácter agrícola. Más allá de las propias guerrillas, entre los principales objetivos de estos paramilitares o autodefensas estarían las “zonas rojas”, es decir, áreas donde existe una fuerte clase obrera de fuerte tradición sindicalista, como las refinerías de petróleo. También surgieron autodefensas campesinas, en la cuales estos se organizaban con armas autorizadas para luchar contra los enemigos de la comunidad (ladrones de ganado, guerrillas…).

A partir de 1974 a 1975 comienza a surgir un nuevo tipo de acción antiguerrillera: en varias regiones del país son asesinados activistas del PC o de otros grupos de izquierda. El paro cívico de septiembre de 1977 aumentó los temores de los grupos vinculados al gobierno frente al auge de los grupos guerrilleros y el aparente surgimiento de una agitación urbana de gran magnitud. Casi simultáneamente con el paro cívico se produce el primer acto notorio de “desaparición” de activistas de izquierda: dos activistas del MOIR fueron las víctimas de este acto de violencia oficial que inauguraba otra forma de enfrentamiento a los actos de la guerrilla o de sus simpatizantes. En 1978 fueron asesinados varios dirigentes políticos de la extrema izquierda, el más notable de los cuales fue José Manuel Martínez, del ELN. Otros fueron víctimas de acciones y atentados terroristas, y en zonas como Urabá, donde la guerrilla se apoyaba en un viru­lento conflicto social y daba su respaldo armado a los sectores sindicalizados, el Ejército o la policía buscaron debilitar la guerrilla amedrentando a la población civil.

Aunque nunca fueron identificados los responsables de los asesinatos y desapariciones de esa época, en muchos casos se presumía que se trataba de acciones ejecutadas directamente por miembros de las Fuerzas Armadas o con base en información proporcionada por éstos. Esta impresión, por supuesto, resultaba reforzada por la total impunidad de los autores y por la evidente renuencia del Ejército a permitir cualquier forma de investigación de sus miembros. El intento del Congreso de realizar un debate sobre los excesos de la fuerza pública con ocasión del paro cívico condujo a airadas protestas de la cúpula militar, que logró intimidar a quienes cuestionaban al Ejército.

El acto fundador del paramilitarismo -es decir, de lo que se tiene por tal con denotación y connotación negativas, una degradación de la defensa colectiva originariamente legitimada por la necesidad de proteger la vida y la propiedad y amparada por las leyes- se remonta a 1981 y 1982. El nacimiento del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), en 1981, marca un hito en el conflicto colombiano porque el enfrentamiento social y la violencia aumentaron sobremanera. Surgió tras el secuestro, en noviembre de 1981 por parte del M-19, de Marta Nieves Ochoa, hermana de Los Ochoa, conocidos narcotraficantes de Medellín. Estos convocaron a una reunión a la que asistieron miembros del Cartel de Medellín y decidieron constituir grupos violentos para acabar con los guerrilleros. El MAS mató a guerrilleros, simpatizantes y gentes de izquierda y, aunque el M-19 liberó a Marta Nieves Ochoa, sus actividades paramilitares continuaron. De hecho, el paramilitarismo contemporáneo se concentró en la zona del Magdalena Medio -al menos en los comienzos, y desde allá se expandió a Córdoba, Urabá, Meta y Putumayo-, históricamente conflictiva y marcada por la colonización.

La política de paz del presidente Betancur (1982- 1986) cambió las relaciones entre el Ejército y el gobierno. La sensación de que se contaba con un respaldo ilimitado del ejecutivo desapareció, y los militares fueron conducidos a regañadientes a tolerar un esfuerzo de negociación con los guerrilleros, que resultaba incompatible con la continuación de prácticas como la tortura. Los militares sufrieron la actitud del Presidente como un obstáculo en una política militar cuyos éxitos estaban a punto de cosecharse, y que no pudieron recogerse tanto por el freno a la tortura, medio de investigación privilegiado durante los cuatro años anteriores, como por las órdenes de suspender acciones militares en momentos en que podían perjudicar las negociaciones con los grupos armados.

La aprobación de la amnistía en noviembre de 1982, reforzó la tendencia a recurrir a grupos paramilitares, por la hostilidad de diversos medios a los esfuerzos de paz del presidente Betancur, que encontraban intolerable que quienes habían usado las armas contra el Ejército y el gobierno fueran a beneficiarse de la amnistía; según las cifras disponibles, el crecimiento de las acciones parami­litares fue particularmente rápido entre finales de 1982 y finales de 1983, y el mismo Ejército presentó en septiembre de este año una estadística que al lado de 159 guerrilleros muertos en enfrentamientos con el Ejército y 254 víctimas de la guerrilla, hablaba de 456 homicidios realizados por los “paramilitares”

La creación de la UP a comienzos de 1985, como consecuencia de los acuerdos de La Uribe con las FARC, señaló el comienzo de una nueva onda de actividad paramilitar. Durante el año anterior a las elecciones de 1986, decenas de candidatos y activistas de este grupo cayeron asesinados. Al mismo tiempo se hicieron habituales las acciones de “limpieza” contra marginados y delincuentes comunes, sobre todo en Medellín, Cali, y Pereira. Estas acciones sólo podían realizarse con complicidad, información y tolerancia de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, como lo subrayó en varias ocasiones el procurador Carlos Jiménez Gómez y como resultó demostrado, a pesar de las enfáticas negativas iniciales, en los pocos procesos que pudieron llevarse a término en años posteriores.

Por otra parte, el fin de la tregua en 1985 y el clima de desbordamiento creado por el Palacio de Justicia, quitaron toda capacidad al ejecutivo para continuar actuando como freno de las Fuerzas Armadas. Además, los resultados de la UP en las elecciones de 1986, cuando logró el 5% de los votos, representaban una amenaza para los grupos de derecha. Ante las elecciones de 1988, en las que se elegirían por primera vez alcaldes, muchos sectores del país vieron con preocupación la perspectiva de triunfos de la UP en amplias regiones del país.

Esto explica que a partir de 1986 y prácticamente hasta las elecciones de 1988 los grupos paramilitares, con vínculos cada vez más diluidos con los mandos militares, pero todavía con el evidente apoyo de miembros de la FF. AA., concentraran su ataque en las cabezas visibles de la UP: casi el 30% de los candidatos de este grupo fueron asesinados antes de las fechas de las elecciones.

Durante el primer año del gobierno de Barco continuó la campaña de exterminio contra la UP y otros grupos o activistas de izquierda. Ahora bien, lo significativo parece ser, a partir de 1987, en una forma ya anunciada por el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador, en diciembre de 1986, el claro predominio de las organizaciones paramilitares directamente financiadas por los grandes jefes del narcotráfico. Es evidente que durante los dos últimos años del gobierno de Betancur ya se estaban convirtiendo los grupos paramilitares, muchos de ellos alimentados por antiguos miembros de las FF. AA., en organismos dominados por los narcotraficantes, pero la ofensiva se dirigía a enemigos inmediatos por el control territorial de las áreas donde habían establecido sus dominios como propietarios rurales. Ahora son los objetivos globales del narcotráfico los que toman la delantera: asesinatos de jueces y funcionarios (Hernando Baquero, julio de 1987; Carlos Mauro Hoyos, enero de 1988), de periodistas (Guillermo Cano, diciembre de 1986), de políticos de izquierda (Jaime Pardo Leal, octubre de 1987), de dirigentes cívicos ( Héctor Abad, agosto de 1987) .

Las organizaciones paramilitares, durante 1987 y 1988, giran alrededor del ejemplo y de la experiencia creadas en el área de Puerto Boyacá, donde confluye la influencia de los principales traficantes de drogas del país y donde, como ya se dijo, las extorsiones guerrilleras habían creado un amplio frente contra las FARC. Este esfuerzo había culminado con evidente éxito, pues los grupos liberales habían reconquistado plenamente el poder político en la zona, y el campesinado, que a las buenas o a las malas había apoyado antes a las FARC, apoyaba ahora, también a las buenas o a las malas, a los nuevos grupos dominantes.

Desde comienzos de 1988 participan en las matanzas colectivas de campesinos y pobla­dores urbanos que simpatizaban presuntamente con la guerrilla en otras regiones, como las del nordeste antioqueño.  La matanza de un grupo de investigadores judiciales en enero de 1989 vuelca definitivamente al Estado contra estos grupos y a comienzos de 1989 un desertor se convierte en el eje de un amplio informe que confirma los vínculos entre Acdegam y los paramilitares, así como la existencia de campos de entrenamiento bastante sofisticados en el que los paramilitares aprenden los trucos del oficio. Poco después el gobierno suspende el decreto que autoriza los grupos de autodefensa, y el presidente Barco afirma que éstos “no son simplemente delincuentes comunes, constituyen verdaderas organizaciones terroristas… las acciones criminales se escudan vanamente en el anticomunismo y en la lucha contra la guerrilla. En realidad, la mayoría de las personas que han sido víctimas de sus actos terroristas no son guerrilleros, sino hombres, mujeres e incluso niños, que no se han alzado en armas contra las instituciones, son colombianos pacíficos.

DATOS FARC VS AUC. MAPA. ORIGEN. FORMACIÓN. PROTAGONISTAS.

Narcotráfico. Cartel de Medellín/Cartel de Calí

Otro actor principal en la vida colombiana junto con el Estado y las guerrillas fue la organización narcotraficante, que tuvo su origen a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Se trata de una época de reconfiguración del mapa planetario, ya que se inaugura una etapa de unipolaridad debido a la caída de la URSS y el advenimiento de EEUU como potencia única. Ello provocó que la obsesiva presencia de los norteamericanos en la región se relajara, debido a que habían crecido sus focos de atención a nivel planetario.

La entrada de Colombia al mercado de tráfico de drogas comenzó con las plantaciones de marihuana de la sierra de Santa Marta. Los superiores beneficios del comercio de la cocaína provocaron que los ojos de los narcos pasaran a mirar a Perú y Bolivia, lugares naturales de crecimiento de las plantaciones de coca. Para estos negociadores y mercachifles antioqueños comenzaron a comprar la pasta base en Perú y establecieron sus “cocinas” en las selvas colombianas. En los años noventa, se encuentra la forma de trasplantar la coca al ámbito colombiano y esta desplaza en las áreas de cultivo de los campesinos a otras plantaciones tradicionales como maíz o plátano. El porqué de este cambio es muy sencillo de entender: el beneficio que obtenían estos era diez veces mayor con la coca que con cualquier otro cultivo. Las FARC aceptaban esto a cambio de un gramaje, una suerte de diezmo o impuesto revolucionario a partir del valor de la droga.

Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín, sería el máximo exponente de estas organizaciones, pero plantearía un nuevo modelo, de tipo antisistema, él sería el primero en plantear un gobierno privado indirecto. Desde 1988 Escobar se enfrenta de forma directa al Estado y sus aliados norteamericanos, llegando a tenerlos en jaque durante cinco años. Esta “guerra” se debió a la existencia de amplia presencia insurgente unida al crecimiento del mercado interno para el narcotráfico (tanto de consumidores de droga como de sujetos deseosos de ascenso social). Habría tres frentes abiertos durante este conflicto:

  • Estado. Sin poder para enfrentarse a las guerrillas.
  • Cartel de Medellín. Se enfrenta directamente al Estado con un desafío criminal, ya que el propio Escobar daba 500 $ por cada policía muerto a sus sicarios.
  • Imposibles de erradicar por la fuerza.

Había mucha más urgencia en acabar con Escobar en sí mismo que con el crimen organizado en general, por lo que el Estado se alió con múltiples mafiosos contrarios a Escobar, que se agruparon en la organización conocida como Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) financiada por el Cártel de Cali, la élite burguesa antioqueña resentida con Escobar, la DEA, el DAS… Estas estructuras paramilitares serían las que acabarían con Escobar y, una vez desocupadas, se emplearían (y se siguen empleando) para terminar con las guerrillas.

El cambio entre las épocas antes y después de Pablo Escobar viene dado por la violencia en las clases sociales:

  • Antes se trataba de “guerras de pobres”, en las que los que matan y mueren son de bajas clases sociales.
  • Escobar democratizó la violencia, no es que antes no existiera, sino que no afectaba de forma directa a los ricos.

Socialmente, Colombia está dividida en seis estratos en orden descendente del uno al seis, ordenados según los recursos patrimoniales de cada persona. El problema de este sistema es que no hay posibilidad de aparición de un movimiento reformista verdaderamente socialdemócrata. Un caso evidente de lucha del propio Estado contra el reformismo es el de la destitución del alcalde de Bogotá, el antiguo guerrillero Gustavo Petro. Tuvo lugar a principios de diciembre de 2013, una inhabilitación política por quince años por parte del Fiscal General de la República. ¿Por qué? Por un “problema de gestión interna”, es decir, que intentó luchar contra la ineficiencia del sistema privado de recogida de basuras creando uno público más eficiente y barato. La gran tradición caciquil de lo privado motivó una destitución de primer nivel político.

Entre los eslóganes que asumían los jóvenes de las periferias urbanas colombianas destacaban “no nacimos pa’semilla” o “no hay futuro”, cartas de presentación en la mala vida, el “malandro”, que los aprovechaba como masa disponible. Estos, en su mayoría, disfrutaban de ascensos brutales, pasando de la pandilla a La Oficina (como se solía llamar a la cúpula de la organización de Escobar) por medio del fenómeno del sicariato, es decir, se los contrataba como sicarios cuando eran jóvenes de entre 12 y 16 años, para evitar que si los capturaban los metieran en la cárcel, y se los instaba a matar para que consiguieran riquezas pronto y las disfrutaran el poco tiempo de vida que les quedara. Esto desemboca en espirales mayores de violencia debido a los deseos de venganza surgidos entre organizaciones, pandillas e incluso familias. Lo que se busca en la actualidad no es la fuerza de trabajo sino la disposición a correr riesgos, a ello se ofrecen estos nuevos actores sociales que buscan mejorar sus condiciones de vida como sea. Pese a que se ha descrito como tal, no nos encontramos ante una juventud, una generación, pérdida; sino que los analistas no tienen medios para interpretar esta situación. El crimen organizado ofrece formas de ascenso social rápidas por medio de “chimeneas de ascenso”, gracias a su capacidad de actuar incluso desde el interior de las propias estructuras del Estado.

El presidente Álvaro Uribe (2002-2010) exigiría resultados para mostrar que su campaña política de seguridad tenía efectos, y es entonces cuando se inicia el caso de los falsos positivos. Los positivos eran los guerrilleros eliminados por las autodefensas. Para inflar las estadísticas, nace una potente mafia que compra jóvenes a los “enganchadores” (una suerte de suministradores) y se los ofrece a los paramilitares para que los eliminen y muestren al mundo como positivos, es decir, como si hubieran sido guerrilleros caídos en lucha. Existían para ello incentivos, como eran las pagas especiales recibidas por cada unidad enemiga eliminada.

Los enfrentamientos entre paramilitares y guerrillas transformaron la geografía agraria del país por medio de unas guerras asimétricas caracterizadas por pocos enfrentamientos directos entre ambos bandos y más por conseguir restarse unos a otros el apoyo de la población. Llevan el temor a las aldeas, masacrando a la población campesina. Entre 1990 y 2006 hubo casi 2 millones de desplazados internos del campo a las ciudades debido a las violencias que proliferan en el campo. Millones de buenas tierras son expropiadas por los paramilitares que, paradójicamente, se financian con el tráfico de drogas para luchar contra las FARC. Un ejemplo de la falta de libertades es que aunque seguía habiendo elecciones formales, no había posibilidad de presentarse libremente, solo podían ocupar el poder paramilitares o personas afines a estos.

Colombia rechaza la paz

La Burguesía y Clases Altas Colombianas vuelven a dejar en la estacada a su patria, en pos de su propio beneficio. Ante los puntos principales del acuerdo entre el Gobierno Colombiano y las FARC, la sociedad Colombiana se manifestó en contra de este acuerdo histórico con tan solo un 1% de diferencia entre el Si y el No. (Vease Noticia).

Los puntos principales del acuerdo podemos verlos a continuación:

– Reforma rural integral
El 26 de mayo de 2013, luego de casi seis meses de negociación, se logró el primer acuerdo parcial entre las dos delegaciones: el de una reforma agraria que incluye distribución de la tierra para los campesinos que no poseen o tienen terrenos insuficientes mediante la creación de un fondo de tierras.

– Participación política para las FARC
El segundo acuerdo parcial se logró el 6 de noviembre de 2013 y fue el de la participación política para los guerrilleros. En este punto se garantiza el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político colombiano. Entre sus lineamientos más importantes se encuentra la creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, las cuales buscan promover la integración territorial y la inclusión política en zonas afectadas por el conflicto armado, al tiempo que se establece un periodo de transición en el que estas poblaciones contarán con una representación especial en la Cámara de Representantes.

– Solución al problema de las drogas ilícitas
El punto de las drogas ilícitas en el país se logró el 16 de mayo de 2014. El tema del narcotráfico, tercero acordado en las negociaciones, está centrado en varios ejes principales.
En primer lugar, las FARC se comprometieron a poner “fin a cualquier relación que en función de la rebelión hayan establecido” con el narcotráfico.
Este acuerdo también está sustentado en la prevención del consumo de drogas y el tratamiento de esta problemática en una política de salud pública.

– Justicia transicional y víctimas
Este tema, sin duda el más discutido en la agenda, fue firmado el 23 de septiembre de 2015, fecha en la que además el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, alias Timochenko, fijaron seis meses como plazo para firmar la paz. El plazo se venció en marzo de este año y, obviamente, no se cumplió.
Con ese acuerdo, las FARC no sólo aceptan acogerse a un sistema de justicia especial para la paz, sino que reconocen los estándares de la justicia internacional y, además, el reconocimiento histórico de las víctimas del conflicto.
Se acordaron penas alternativas entre 5 y 8 años de restricción de la libertad para los que digan la verdad de manera temprana. Esto sumado a trabajos, obras y actividades que contribuyan a la reparación de las víctimas.
Los que reconozcan su responsabilidad de manera tardía tendrán las mismas penas, pero deberán pagarlas en una cárcel ordinaria. Y los que no reconozcan la responsabilidad, se enfrentarán a penas de hasta 20 años.
En cuanto a las víctimas, las Farc se comprometen en un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el que se crearán diferentes comisiones como el de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en medio del conflicto y la Jurisdicción Especial para la Paz.

– Blindaje jurídico
Este acuerdo fue logrado el pasado 13 de mayo de 2016. Durante su anuncio, las delegaciones del gobierno y las FARC señalaron que este punto daba “seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final”.
En este punto están involucrados varios organismos, como el Congreso de la República, la Corte Constitucional, los ciudadanos en las urnas y a la comunidad internacional.
El gobierno ha insistido en que el pueblo colombiano tendrá la última palabra y que a través del voto se avalará lo logrado en Cuba.

– Sacar a los menores de las filas de las FARC
Poco después de anunciar el blindaje, las delegaciones informaron el pasado 15 de mayo el acuerdo para sacar a los menores de edad de las filas de esta guerrilla.
Uno de los compromisos es crear una mesa técnica, liderada por la Defensoría del Pueblo, para diseñar una hoja de ruta que permita la salida de los menores de las FARC. Esa mesa técnica ya se creó y deberá presentar un plan de trabajo.
Los menores, de acuerdo con lo pactado, serán acogidos en programas de atención y no tendrán que acudir a ningún tribunal, pues, como está estipulado actualmente en la legislación, los menores en la guerra son considerados víctimas. En el caso de los jóvenes entre los 15 y 18 años, sus casos serán revisados para establecer si tienen procesos penales.

 

 

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