Nacionalismo Vasco. Medio siglo de lucha armada. Causas y Consecuencias. Parte 2: (1975 – 2008)

Muerte de Franco. Escisión de ETA.

Francisco Franco muere el 20 de noviembre de 1975. A partir de ese momento, la organización terrorista vasca empieza a replantearse su existencia y su modus operandi. A pesar de que el final de la dictadura podía haber supuesto también el final de la lucha armada, muy lejos de esta idea, los años de la transición, especialmente los 80, fueron muy sangrientos en cuanto a atentados de la banda terrorista. Como decía, lejos de abandonar las armas, ETA decide convertirse en una organización fundamentalmente militar y se divide en dos ramas: ETA militar y ETA político-militar. Esta nueva visión casada con las pistolas supone la desconexión definitiva con el mundo obrero (Burguera Durá, 2016).

La Transición Democrática: Aumenta la violencia

La transición española, entendida en un sentido amplio como el periodo que cubre desde la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 hasta la victoria del PSOE el 28 de octubre de 1982, se conoce sobre todo, tanto en el imaginario popular como en los estudios historiográficos y politológicos, por los acuerdos, pactos y negociaciones que se establecieron entre las fuerzas procedentes del régimen dictatorial y las fuerzas de la oposición democrática. En general, la historia sobre la transición española tiende a pasar por alto el hecho significativo de que el proceso de democratización estuvo acompañado por un elevado nivel de violencia política. La violencia terrorista, sin embargo, fue muy intensa, tuvo gran impacto político y estuvo inserta en el desenvolvimiento de la Transición. Las cifras resultan elocuentes. En el periodo indicado, 665 personas perdieron la vida como consecuencia de la violencia política. De estas 665 muertes, 162 (24%) corresponden a la actividad represiva del Estado. El resto, 503 muertes, es, en su mayor parte, violencia terrorista. En este sentido, la transición española resultó mucho más sangrienta que la griega o la portuguesa, ambas iniciadas en 1974, unos meses antes de la española. En la Transición hubo terrorismo nacionalista, de extrema izquierda y de extrema derecha. Los grupos nacionalistas buscaban la secesión de algún territorio; los de extrema izquierda, provocar la revolución proletaria; los de extrema derecha querían torpedear el proceso de democratización y neutralizar la amenaza separatista de ETA. Mientras que en la extrema izquierda casi todas las muertes corresponden al GRAPO, una organización maoísta que nació el mismo año de la muerte de Franco, el bloque de la extrema derecha está muy fragmentado. De hecho, la atribución de los atentados mortales resulta cuestionable en el caso de la extrema derecha, pues más que organizaciones bien definidas, se trataba en realidad de tramas, con conexiones con las fuerzas de seguridad, que adoptaban diversos nombres según les conviniera. Puesto que en algunos atentados mortales la autoría concreta es especialmente oscura, se ha reservado una categoría residual para grupos de extrema derecha sin identificar. Sin duda, el terrorismo que más muertes provocó fue el nacionalista (el 72% del total de víctimas del terrorismo). Y dentro del terrorismo nacionalista, destaca, sobre todos los demás, el de ETA (Sanchez-Cuenca, 2009).

grapo

España vivía una época de profundos cambios, intentando consolidar poco a poco la democracia mediante sus primeras elecciones, instaurando la Constitución tan anhelada por el pueblo español. El País Vasco comenzaba a respirar: se reconocía la ikurriña, el euskera como lengua cooficial, el Estatuto de Autonomía, la amnistía general para los presos políticos de 1977, etc. Sin embargo, la organización terrorista, tras la lucha contra la dictadura y los acontecimientos antes mencionados como el juicio de Burgos o el asesinato de Carrero Blanco, se había convertido en todo un símbolo de la lucha antifranquista y contaba con una amplia militancia ya que se había producido un reclutamiento masivo de etarras. En 1978, año de la aprobación de la Constitución, ETA disponía de comandos en Francia, en España contaba tanto con grupos legales (no fichados por la Policía) como ilegales y estaban cometiendo atentados prácticamente cada 11 días. En lo ideológico el planteamiento versaba sobre participar o no en las elecciones. 1979, con Adolfo Suárez ocupando la presidencia del Gobierno, fue un año de numerosos atentados (76 víctimas mortales) pero también de detenciones masivas, especialmente en el país galo. En la oleada de atentados los objetivos de ETA eran de todas las clases: jueces, funcionarios, policías, ataques contra sedes oficiales, etc. En la sociedad vasca existía un miedo generalizado. En ese final de los 70 comenzaba a popularizarse la famosa frase “algo habrá hecho” con respecto a las víctimas de la banda terrorista (Burguera Durá, 2016).

Los años 80 apuntaban alto en cuanto a número de atentados. 1980 con 87 muertos como consecuencia de los atentados de ETA amanecía con el rechazo de gran parte de la sociedad vasca a los planteamientos de ETA sobre el Estatuto. Un año más tarde, 1981 (30 víctimas mortales), el acontecimiento estrella fue el intento de golpe de estado del 23 de febrero, donde un grupo de Guardias Civiles asaltaron el Congreso de los Diputados con el objeto de instaurar de nuevo un régimen militar y por tanto, una nueva dictadura en el país. Gracias a la intervención del Rey no fue posible. Sin embargo, ETA ya tenía otro argumento para justificar de nuevo la utilización de las pistolas y su radicalización verbal fue inmediata. España para ellos, volvía a ser un país rancio e inestable. El suceso del 23-F que, según “los análisis etarras, no podía producirse, demuestra que los militares mandan en el país, no hay por tanto, un régimen democrático y, en consecuencia, ETA vuelve a enfrentarse al fascismo (Burguera Durá, 2016).

En el año 1982, ETA deriva hacia una nueva estrategia de extorsión a base de chantajes a la Banca. Con 36 muertos a sus espaldas, ese mismo año ETA se enfrenta a detenciones masivas de sus miembros. España veía el terrorismo de ETA como el principal peligro de la recién instaurada Democracia, un grupo que con sus actos podía hacer temblar sus cimientos. La llegada del Partido Socialista Obrero Español con Felipe González como nuevo presidente del Gobierno marcará una nueva etapa y un nuevo rumbo no sólo para el país sino muy especialmente para ETA. Tanto ese mismo año como el siguiente se produce un notable cambio de actitud de Francia para con el terrorismo etarra gracias a la intervención de González y del Rey con el gobierno de Fraçoise Miterrand. El terrorismo de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) va a marcar no sólo el rumbo de ETA sino también el del gobierno socialista. Los GAL cometieron 27 asesinatos. Entre los actos más “destacados” de este nuevo grupo terrorista cabría mencionar los asesinatos de Lasa y Zabala y el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey. Dos acciones que aunque nunca fueron reivindicadas son las primeras que cometieron los militantes de los GAL. Este nuevo terrorismo de estado comienza una “guerra sucia” contra ETA y para ello, el Ministerio del Interior utiliza a algunos sectores de la Guardia Civil (Rodríguez Galindo), la policía (Amedo y Domínguez) y el CESID. Fueron y siguen siendo muchas las críticas que ha recibido este doble juego del PSOE, por una parte negociando con ETA (conversaciones de Argel) y por otra, alimentando el terrorismo de los GAL, dos posturas totalmente contradictorias. Los 27 muertos resultado de la entrada en escena de los GAL volvieron a constituir un apoyo a las argumentaciones de ETA y de sus simpatizantes. En España para ellos, volvían a no darse las condiciones necesarias de un Estado de Derecho. En 1984 (31 víctimas) se celebran elecciones autonómicas en Euskadi que se resuelven con un gobierno formado por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. En 1985 (36 víctimas) la política de ETA se basa en la utilización del coche-bomba y la actuación de los comandos Madrid y Barcelona. Un año más tarde (44 muertos) se producen un buen número de exilios por parte de militantes etarras a países como Venezuela o México. Por otra parte, Francia endurece de nuevo su postura frente a ETA. 1987 (51 asesinados) es un año especialmente duro para la sociedad española ya que se suceden dos de los atentados más cruentos de la banda terrorista vasca. El atentado de Hipercor en Barcelona cuyo resultado fueron 21 muertos y 50 heridos y el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza con 11 muertos. Estas dos masacres suponen uno de los debilitamientos más importantes de la banda terrorista en muchos aspectos. La sociedad vasca y la española, que ya condenaba la actuación del grupo terrorista, comenzó a movilizarse de forma masiva contra la organización. Las acciones políticas de los últimos años de la década de los 80 se basaron en conseguir la ruptura del colectivo de presos que continuaba con una intensa actividad desde las distintas cárceles españolas. El gobierno de González pretendía poner punto y final a la oleada de atentados de aquellos años a través de la negociación mediante las conversaciones de Argel que finalmente, fracasaron (Burguera Durá, 2016).

Del Pacto de Ajuria Enea hasta el de Estella-Lizarra.

El año 1988 fue el año en el que se firmó el Pacto de Ajuria Enea, que marca de alguna forma un antes y un después en la visión de la sociedad hacia ETA. Dicho acuerdo supuso que de manera explícita, formal y oficial la connivencia que parte de la sociedad, especialmente la vasca, podía mantener hacia los actos terroristas de la organización se pusiese en solfa. Ajuria Enea ha sido considerado por los medios de comunicación como el “primer hito importante en la lucha antiterrorista al iniciar la deslegitimación social de ETA por la movilización callejera y la unidad entre nacionalistas y no nacionalistas”. El pacto de Ajuria Enea ha sido conocido en el mundo de de Herri Batasuna (HB) como el “pacto antiabertzale”, y constituyó un verdadero acuerdo a favor de la normalización y la pacificación de Euskadi. Fue apoyado por todos los partidos políticos, a excepción de HB, con el objeto de encontrar una salida al problema del terrorismo y fundamentalmente de aislar a ETA (Burguera Durá, 2016).

Otro de los momentos importantes de estos años, ya entrados en la década de los 90, fue el año 1992. España vivía un momento álgido internacionalmente hablando, fue un año en el que Barcelona se preparaba para ser la sede de los Juegos Olímpicos, Madrid se convertía en capital cultural y Sevilla en la sede de la Exposición Universal, además España entraba en la Comunidad Económica Europea (CEE). ETA no podía suponer una amenaza ante todos esos acontecimientos. Para ello, se pusieron en marcha todos los dispositivos policiales necesarios para frenar los atentados de ETA cuyo punto de mira de aquel año era la costa levantina, además un año antes había atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Vic y había comenzado una oleada de envíos de paquetes bomba a diferentes personalidades políticas, sociales o del mundo de la cultura (Burguera Durá, 2016).

Ese mismo año tuvieron lugar la operación en el caserío de Bidart. Un hecho que marcó un punto y aparte en la lucha antiterrorista. En esa operación la Policía detuvo a toda la cúpula etarra. Esta actuación policial sumió a la banda en una profunda y grave crisis ya que de un plumazo se quedó sin dirigentes. Algunos autores han definido la llamada “herencia de Bidart” como una serie de consecuencias negativas para la banda. Políticamente ETA entró también en una crisis interna y en una profunda desmoralización, además como organización se vio obligada a reconstruirse y en lo que respecta a la violencia fue incapaz de recuperar el ritmo en número de atentados cometidos (Burguera Durá, 2016).

En 1993 ETA vuelve a las andadas e incluye entre sus objetivos a los nacionalistas del PNV con ataques a sus sedes en el País Vasco. Los políticos y los profesores universitarios de renombre son objetivos principales de la banda (Manuel Broseta, Fernando Múgica, Gregorio Ordóñez…) Se impone el método del tiro en la nuca. Además, meses después del asesinato de Gregorio Ordóñez, ETA intenta asesinar al que logró ser Presidente del Gobierno un año después, José María Aznar. En 1996 el Partido Popular gana las elecciones generales y empieza a labrar buenas relaciones con los nacionalistas vascos del PNV. Un idilio sin duda inesperado que se firma con el pacto de investidura. En 1997 un nuevo atentado vuelve a desvincular a ETA con la sociedad de la forma más radical tras los atentados de Hipercor y el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, se trata del secuestro y asesinato del concejal popular de la localidad guipuzcoana de Érmua, Miguel Ángel Blanco.“Un asesinato a plazo fijo con vencimiento a las 48 horas”. El secuestro del concejal supuso una movilización sin precedentes, un antes y un después en la lucha antiterrorista. Miles de ciudadanos vascos y del resto del país salieron a las calles para pedir la liberación de Blanco, una liberación que nunca tuvo lugar. Nació en ese momento lo que se conoce como el Espíritu de Érmua. La gente anhelaba el final de ETA. Jamás un atentado había provocado tal reacción entre los ciudadanos. El rechazo popular al terrorismo de ETA era palpable y más que evidente, poniendo fin así a una época que se había caracterizado por el silencio (Burguera Durá, 2016).

La represión policial de los años posteriores fue muy intensa. El 29 de mayo de 1998 el juez Baltasar Garzón desarticula junto con el Cuerpo Nacional de Policía la trama de financiación que blanquea el dinero sucio de ETA. En contrapartida, ese mismo año se firma el Pacto de Estella (también conocido como Pacto de Lizarra), dejando a un lado el de Ajuria Enea, por los partidos vascos nacionalistas con el fin de lograr la soberanía y la autodeterminación de Euskadi. Con la firma de este pacto, ETA declara una tregua (Burguera Durá, 2016).

El Foro de Érmua, constituido a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco y formado por políticos, periodistas y personalidades de toda índole, solicitó en el año 2000 al Parlamento Europeo con la declaración de Estrasburgo la condena moral del Pacto de Estella. Durante aquellos años ETA y el gobierno de José María Aznar mantuvieron de nuevo conversaciones en Suiza. Mientras en el País Vasco gobernaba el lehendakari Juan José Ibarretxe. ETA durante estos años ha actuado como un ejército, ha planificado sus acciones, reproduciendo siempre un mismo y único mensaje, la necesidad de la lucha para solucionar el conflicto vasco, y ha ido tejiendo un entramado que impregna a toda la sociedad, hay una sopa de siglas que abarca todos los sectores de la sociedad vasca. No hay un sólo sector de la sociedad que no tenga una organización dependiente de ETA metida en su seno. Otro de los acontecimientos más mediáticos protagonizados por la banda terrorista ETA fue el secuestro de Ortega Lara (Burguera Durá, 2016).

¿El Final de la Espiral?

Durante años la organización terrorista ha basado y justificado cada uno de sus actos en torno a la presuposición de la existencia de lo que han denominado (también los propios medios de comunicación han reproducido constantemente este término) “conflicto vasco”. Han basado sus teorías en la existencia de un malestar insoportable de la sociedad vasca que aclamaba la autodeterminación de Euskadi (las siete provincias que mencionaba al inicio de mi exposición), en la presencia también de una opresión para con su lengua, el euskera (a pesar de que el euskera es una lengua que se puede hablar libremente, que es utilizada de manera oficial en las instituciones y de obligada enseñanza y aprendizaje para acceder a un puesto público y se puede estudiar de manera íntegra en las ikastolas y en la Escuela Pública Vasca). Otra de las principales reivindicaciones de la organización gira alrededor de la identidad vasca. La cuestión identitaria es peliaguda dado que es muy subjetivo valorar la existencia de la misma, aunque si bien es cierto, que cuando uno se acerca por esas tierras siendo forastero se da cuenta de que ciertamente hay determinados rasgos que diferencian a la sociedad vasca de la valenciana o de la gallega, evidentemente. Cada Comunidad Autónoma lleva una historia en la mochila (Burguera Durá, 2016).

Hasta nuestros días la organización terrorista ETA ha asesinado a 829 personas. Entre las últimas víctimas Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate muertos tras la explosión de un coche bomba en la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas en Madrid, el empresario vasco Ignacio Uría (afiliado al PNV), dos Guardia Civiles muertos en Capbreton (Francia), etc. Si bien desde hace unos años la sociedad ha sido testigo de una tregua que, precisamente, finalizó en diciembre de 2006 con los atentados mencionados en el aeropuerto madrileño, del desmantelamiento y detenciones masivas de gran parte de los comandos más importantes de la banda, algunos de sus máximos dirigentes se han sentado en el banquillo (ejemplo Txeroki), incluso parte del denominado brazo político ha sido juzgado, se ha ilegalizado a Batasuna, el dirigente máximo de dicho partido político, Arnaldo Otegi, ha pasado tiempo en la cárcel y ha sido juzgado por enaltecimiento del terrorismo, por acusar al Rey Juan Carlos I de “jefe de los torturadores”. En el 2015 algún miembro de ETA como Iñaki Rekarte (jefe del comando Santander que perpetró varios atentados entre ellos un coche bomba en Santander que le costó la vida a tres personas) ha pedido perdón, ha mostrado públicamente arrepentimiento (cuestionado por algunas asociaciones de víctimas) y ha desmitificado no sólo el papel de ETA sino la manera de gestar sus propias acciones terroristas. En declaraciones al programa Salvados de la Sexta, Rekarte afirmaba que preparaban las bombas con las instrucciones escritas a mano en un papel y que cuando entró en ETA no había disparado en la vida. En el 2015 cuatro años después del anuncio de la tregua definitiva, ETA sigue llenando portadas, generando polémica y levantando ampollas (Burguera Durá, 2016).

Programa de Salvados: Las confesiones de Iñaki Rekarte sobre ETA.

El “cese definitivo” se producía tras la celebración de una Conferencia Internacional celebrada en San Sebastián que reunió a varios líderes políticos como Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, los exprimeros ministros de Irlanda y Noruega, Bertie Ahern y Gro Harlem Brutland, el exministro francés de Interior Pierre Joxe, el exjefe de Gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell o el líder del Sinn Fein, Gerry Adams donde solicitaban a la banda terrorista el abandono de las armas a cambio de medidas para los presos y realizando una serie de sugerencias tanto a los gobiernos español como francés en aras de acabar con el problema (Burguera Durá, 2016).

La mediación internacional ha sido uno de los puntos clave para que la banda terrorista cesara de manera definitiva su actividad. La celebración de las diferentes comisiones internacionales como la de Aiete en San Sebastián fueron los escenarios previos al anuncio de la banda. Por ello, a pesar de la polémica que en muchas ocasiones envuelve al tema de la mediación (en cuanto a las víctimas, temas como Sortu, la situación de los presos etc.) es necesario tener presente la importancia de su labor. No obstante, no ha sido suficiente ya que no ha logrado que ETA abandonara de manera clara y definitiva las armas. Una situación que desde el anuncio del cese se ha ido prolongando en el tiempo. La acción policial sigue presente con lo cual no existe una voluntad de la organización por desarmarse. Y en este punto es donde nos encontramos en la actualidad (Burguera Durá, 2016).

Represión estatal en todas sus formas. Acabar con ETA a toda costa.

A mediados de los 70, al mismo tiempo que el régimen franquista iniciaba su transformación forzada por la movilización de una oposición democrática cada vez más fuerte, la dictadura puso en marcha el terrorismo de Estado para combatir a los sectores políticos y sociales antifranquistas más radicales. Estas estructuras creadas por el régimen fascista se mantuvieron activas durante todo el periodo de transición, pero presentaron características diferenciadas en dos fases: por una parte, los últimos gobiernos de la dictadura; por otra, los primeros gobiernos democráticos presididos por Suárez y Calvo Sotelo. Se trataba de un terrorismo mercenario, cuyos ejecutores carecían de autonomía y respondían a una dirección política formada por mandos policiales y militares. Su finalidad era la eliminación física de aquellos opositores de tendencia revolucionaria o independentista. El terrorismo mercenario coexistió con otro tipo de violencia organizada de origen estatal, pero de características distintas: el terrorismo incontrolado. Fue perpetrado por elementos pertenecientes a fuerzas policiales o militares o por grupos políticos de extrema derecha dirigidas contra sectores de la población o adversarios políticos. A pesar de contar con la participación de militares y policías, estos grupos no respondían a una dirección unificada sino que actuaban con autonomía, si bien coincidían en los objetivos con el terrorismo mercenario (Wilhelmi, s.f.).

Las actuaciones policiales que provocaron muertes se pueden clasificar en tres tipos: la represión de movilizaciones, el uso de armas de fuego en situaciones en las que la integridad de los policías no estaba en riesgo (gatillo fácil) y la muerte por tortura (durante las sesiones de tortura o inmediatamente después). En este estudio nos referiremos a estas situaciones denominándolas “represión política”, “gatillo fácil” y “tortura”1 . No se consideran las muertes de miembros de organizaciones armadas fallecidos en enfrentamientos con los cuerpos policiales, pero sí aquellos militantes que perdieron la vida en “falsos enfrentamientos”, es decir, aquellas situaciones en las que fueron acribillados por la espalda, o tiroteados estando desarmados o ejecutados una vez que se habían rendido. A las víctimas mortales del terrorismo de Estado, terrorismo incontrolado y cuerpos policiales hay que añadir las personas que sufrieron tortura por parte de las fuerzas de orden públicos. Todas ellas fueron las otras víctimas de una transición nada pacífica, las víctimas del aparato de Estado de la dictadura franquista que mantuvo su actividad represora entre 1975 y 1982 (Wilhelmi, s.f.).

La concepción antidemocrática de los cuerpos policiales estuvo presente durante toda la transición en la academia de la Guardia Civil. Durante todo este periodo predominó la formación militar frente a la policial, primando el estudio del “terrorismo y la subversión” frente a la prevención de la delincuencia. Una de las consecuencias de que la ruptura democrática fuera sustituida por una reforma de la dictadura fue la pervivencia del aparato de Estado franquista, incluido el ejército y los cuerpos represivos. No hubo juicios, comisiones de la verdad ni depuraciones en relación con las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, que incluían torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones forzadas y robo de niños. La mayoría de los autores coinciden en señalar que, además, se produjo un pacto de silencio entre las principales fuerzas políticas de la oposición y los reformistas de la dictadura para garantizar que los crímenes contra la humanidad del franquismo quedaran fuera del debate político. En Portugal, el proceso revolucionario iniciado en 1974 dio lugar a la depuración de militares y policías responsables de la represión durante la dictadura. A diferencia de lo ocurrido en España, el programa del Movimento das Forças Armadas (MFA) incluía la depuración de estos cuerpos represivos, unas medidas que fueron aprobadas por decreto ley el mismo 25 de abril (Wilhelmi, s.f.).

tabla

Víctimas mortales de la violencia política estatal en España entre 1975 y 1977.

Datos recogidos en (Wilhelmi, s.f.: pag. 6), a partir de documentación y prensa de organizaciones de la izquierda radical y prensa generalista.

Los informes de Amnistía Internacional (AI) realizados en 1973, 1975, 1976 y 1979 confirman estas afirmaciones. En su informe de 1975, (AI) denunciaba el empleo masivo de la tortura a detenidos en comisarías y cuarteles de la Guardia Civil. La organización defensora de los derechos humanos destacaba la participación de médicos en las sesiones de tortura para hacer ésta más efectiva y señalaba que la prohibición de los malos tratos en la legislación franquista no impedía que éstos se perpetraran. En 1976 salieron a la luz pública algunos casos de torturas. El gobierno de la dictadura presidido por Arias declaró materia reservada la información sobre esta práctica ilegal pero sistemática. Justicia Democrática denunció la responsabilidad del gobierno en la práctica de los malos tratos y exigió juicio y castigo para los responsables. Mientras el gobierno trataba de impedir que se difundiera la práctica de los malos tratos por parte de los cuerpos represivos, los responsables policiales declaraban que la tortura simplemente no existía, que se trataba de una estrategia de los detenidos, que se autolesionaban (Wilhelmi, s.f.).

Además de la represión policial (malos tratos, palizas, asesinatos) los sectores movilizados contra la dictadura debieron enfrentarse a otros dos grupos de naturaleza distinta, pero vinculadas entre sí y relacionadas a su vez, con la actividad policial: las bandas ultraderechistas y el terrorismo de Estado. Los ejecutores eran compartidos en numerosas ocasiones, las víctimas también eran las mismas. La diferenciación entre terrorismo de Estado y acciones de grupos ultraderechistas reside en si los atentados eran fruto de una decisión tomada por una estructura creada y dirigida por el gobierno (terrorismo de Estado) o si por el contrario respondían a una actuación autónoma de sectores ultraderechistas. En ambos casos las vinculaciones con los cuerpos represivos eran estrechas, por lo que puede considerarse que represión policial, atentados ultraderechistas y terrorismo de Estado eran distintas manifestaciones de una misma estrategia dirigida a combatir a quienes cuestionaban el proceso de reforma de la dictadura y se oponían a los límites a la voluntad popular establecidos por la reforma (Wilhelmi, s.f.).

En esta primera etapa de la transición, la actividad de los grupos organizados por el gobierno (principalmente Triple A, Batallón Vasco Español, Anti Terrorismo ETA y Guerrilleros de Cristo Rey) estaba estrechamente relacionada con la ultraderecha y con los cuerpos represivos. Sus acciones más comunes eran los ataques con pistolas, bates y cadenas a movilizaciones, asambleas y actos organizados por la oposición, aunque también realizaron atentados selectivos. En 1976 causaron 5 muertos y en 1977, 10 (Wilhelmi, s.f.).

Los grupos fascistas llevaron a cabo centenares de agresiones durante toda la transición. En el periodo 1977-1979 los límites entre estas bandas y las fuerzas de orden público eran difusos: realizaban actuaciones conjuntas para reprimir movilizaciones de izquierda, una parte del armamento usado por los ultras provenía de la policía y el ejército y numerosos militantes ultraderechistas eran al mismo tiempo militares o policías. Las bandas fascistas tenían su propia autonomía política, no estaban organizadas ni lideradas por el aparato del Estado, lo que las diferenciaba de otro fenómeno similar, el terrorismo de Estado organizado y dirigido por el gobierno de UCD, que se perpetró fundamentalmente en el País Vasco. En el último periodo de la transición se produjo un cambio sustancial. Las víctimas mortales de la policía se redujeron en torno a un 60%. Las víctimas del terrorismo de Estado e incontrolado se mantuvieron en 1980, año que registró el mayor número de víctimas de la violencia política estatal de la transición (39) y en el que el terrorismo de Estado inició un nuevo tipo de atentado: la violación y el asesinato de mujeres de izquierdas o independentistas en el País Vasco. Tras el incremento de 1980, 1981 y 1892 fueron los años con menos víctimas mortales de la violencia estatal: 17 y 10 respectivamente. Los muertos a manos de la policía por “gatillo fácil”, esto es, en situaciones en las que la policía hacía uso de sus armas de fuego con resultado de muerte sin que existiera un peligro que lo justificara, se mantuvieron constantes en esta última fase de la transición, con la excepción de 1981: 6 en 1980, 2 en 1981 y 8 en 1982. En 1980 se dió la mayor actividad del terrorismo de Estado y de los grupos fascistas, que asesinaron a 31 personas. También fue el año con mayor número de muertos a manos de ETA: 80 personas, en su gran mayoría miembros de cuerpos policiales y militares. Entre los numerosos atentados destacaron el secuestro y asesinato en Madrid de la dirigente estudiantil Yolanda González, y los cuatro muertos tras la explosión de una bomba en un bar de la izquierda independentista en Barakaldo (Vizcaya). La tortura no se utilizaba exclusivamente contra las personas acusadas de estar relacionadas con ETA sino que se aplicaba a los militantes y simpatizantes de toda la izquierda radical, y también a los detenidos por delitos comunes, si bien estos últimos al no estar organizados, no solían denunciar los malos tratos (Wilhelmi, s.f.).

La actividad del terrorismo de Estado se detuvo en marzo de 1981, y no se reactivaría hasta mediados de los 80, una vez finalizado el proceso de transición. En esta última fase de la transición, la tortura se siguió empleando de manera sistemática con los detenidos por motivos políticos y con las personas acusadas de delitos comunes. La ausencia de depuración de la policía de la dictadura favoreció que se mantuviera esa práctica, incluso más allá de los límites temporales de este estudio, como muestran los informes de Amnistía Internacional. A los 156 fallecidos a manos de la policía hay que añadirles las 78 víctimas de la ultraderecha y el terrorismo de Estado con lo que obtenemos un total de 233 personas que perdieron la vida por la violencia política estatal entre 1975 y 1982. En el mismo periodo las víctimas de organizaciones armadas independentistas y de la izquierda radical superaron las 400 personas (Wilhelmi, s.f.).

La Heroina como Arma Política y Social

Unas declaraciones de 2013 de un dirigente de Podemos redescubiertas ahora han devuelto a la memoria colectiva vasca un asunto que lleva tres décadas pendiente de abordarse a nivel oficial. Esta era la frase de Juan Carlos Monedero que ha motivado la querella del mayor sindicato policial (CEP), por la que probablemente deberá declarar en un tribunal: «Se empezó a distribuir heroína por parte de la Policía en los lugares donde había una juventud más conflictiva y más peleona. Y de repente apareció heroína en el País Vasco, en Madrid, en Valencia, en Barcelona… en sitios donde la gente podía optar por salidas políticas. Era mejor que se metiera en la heroína». La vinculación de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) con la brutal entrada de las drogas, principalmente heroína, en el entorno de la juventud vasca en los años 80 es una sospecha permanente y que incluso tiene certificación oficial. Se trata del informe elaborado en 1989 por el entonces fiscal jefe de la Audiencia de Donostia, Luis Navajas, que puso la cuestión en su punto de mira. Sin embargo, el contenido del documento apenas trascendió y acabó guardado bajo llave, sin que nadie volviera a abrir ese cajón. Los atentados de ETA contra traficantes sirvieron como excusa añadida para dar carpetazo al tema, hasta hoy.

El origen del problema se sitúa a finales de los 70 y principios de los 80. La heroína entró con enorme fuerza en los hábitos de consumo de drogas de la juventud vasca. Lugares como el extrarradio de Donostia (Altza, Herrera…), Errenteria, Hernani, Pasaia, Elgoibar, Arrasate, Bermeo, Bilbo (el barrio de Otxarkoaga), la Parte Vieja de Iruñea, Sakana o Gasteiz se convirtieron en epicentro de la lacra. Sus efectos fueron devastadores. Muchos de estos jóvenes perdieron la vida por sobredosis o tras infectarse de sida. Xabier Arana, investigador del Instituto Vasco de Criminología, ha centrado parte de su trabajo en el análisis de este fenómeno, que conoció de primera mano desde su labor en Askagintza. Remarca lo convulso de la época y la dificultad de extraer conclusiones con claridad dado que, según explica, se trata de «un fenómeno que se construyó sin datos». «No tengo números exactos sobre la gente que falleció -admite-, pero fue algo muy serio. Hay autores que se atreven a decir que casi una generación. A mí me parece excesivo, pero en aquella época había pueblos donde mucha gente conocía en diferentes portales personas con problemas por consumo de heroína». Y cita un ejemplo personal: «En Altza (Donostia) un sábado, a modo de acto de protesta, llegamos a recoger dos cubos llenos de jeringuillas». A mediados de los 80 el problema era ya muy ostensible, sobre todo en las localidades y barrios antes mencionados. «En esa época, ‘la droga’, en singular, ocupaba el primer lugar entre las preocupaciones de la sociedad española, detrás del paro y el llamado `terrorismo’. Fue un momento duro de fuerte reconversión industrial, pérdida de puestos de trabajo…», recuerda Arana. A su vez, el desconocimiento en torno al tema y su irrupción de la noche a la mañana pilló desprevenidas a las instituciones, que no sabían cómo afrontar el problema. Xabier Arana apunta dos fenómenos que hicieron la cuestión visible. Una era la relacionada con la seguridad ciudadana, es decir, cuando la necesidad de consumo derivó en una cascada de atracos en bancos y cajas, joyerías, boutiques… El otro, cuando los jóvenes empezaron a manifestar síndromes de abstinencia en plena calle y ni siquiera sabían adónde acudir.

No tardaron en surgir evidencias de la falta de implicación de las FSE para atajar el problema. Arana constata que la droga no ocupaba espacio entre sus prioridades. Ello, unido a que Gipuzkoa era un territorio atractivo para los traficantes por su ubicación estratégica, hizo que la irrupción de la heroína fuera más tremenda aún en este herrialde. Surgieron voces que apuntaban a una relación entre el tráfico de drogas y las FSE, con el foco puesto en el macrocuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. De los rumores se pasaría a algunas constataciones judiciales en forma de sentencias contra mandos o agentes del acuartelamiento. Pero fue el llamado «Informe Navajas» el que dio más cuerpo a esta teoría, si bien finalmente no hubo una investigación que concluyera en la aclaración de los hechos y sospechas que en él se recogían. De hecho, según recuerda Arana, Luis Navajas envió el informe al fiscal general del Estado, pero este no lo registró, sino que decidió recogerlo personalmente y abordarlo como algo totalmente confidencial. «El ‘Informe Navajas’ es una realidad de finales de los 80, basado en miembros de la Policía que aseguran que hay pruebas más que suficientes para afirmar que algún sector de los responsables de las FSE está implicado en el contrabando de drogas y tabaco», resume Xabier Arana un cuarto de siglo después. Unido a ello, el investigador desempolva dos acontecimientos «sonoros» que muchos lectores guardarán aún en la memoria: los casos de «la coca de Irun» y «el hachís de Hondarribia», dos alijos de cerca de una tonelada de peso. La detección de una descompensación muy grande y sospechosa entre dos momentos de la operación de Irun, que apuntaba claramente a una sustracción de la droga por parte de las FSE, se atribuyó a un pesaje inadecuado, «pero hay datos más que suficientes para sospechar que cierta cantidad volvió al mercado», recalca Arana.

El escándalo tuvo una secuela muy conocida: la condena en Donostia al grupo Negu Gorriak a pagar 15 millones de pesetas de la época a Enrique Rodríguez Galindo, máximo responsable de Intxaurrondo, por su tema “Ustelkeria”. El Supremo la revocó años después, pero fue un aviso a navegantes. Galindo afirmaba que se atacaba su «honor». Gipuzkoa era territorio abonado para el tráfico de drogas por dos motivos. Por un lado, la ubicación a la orilla del mar y cerca de la frontera hacía que el territorio fuera «muy apetecible». Por otro lado, la convulsa situación política, con unos años de fuerte actividad armada de ETA y también de guerra sucia con los GAL como mayor exponente, hacía creíble que «la Policía estaba encargada de otros asuntos, fundamentalmente de la lucha contra ETA. Con todo esto, se crearon las condiciones para que quien quisiera trabajar este tema tuviera resquicios para hincarle el diente», concluye Arana. En estos años aparecen algunos casos en que agentes de las FSE son implicados e incluso condenados por narcotráfico, pero «fueron tapados prácticamente por la prensa y las penas que se les impusieron resultaron simbólicas. Eso sí se puede decir». Los datos objetivos o probados fueron escasos, por un lado, y por otro las señales recogidas por Navajas no tuvieron un seguimiento judicial ni político, de manera que el expediente general sobre la relación entre las FSE y la droga quedó pendiente. Los elementos objetivos concretos fueron situados como excepciones: por ejemplo, que Máximo Blanco, número dos del cuartel de Intxaurrondo en la época de Enrique Rodríguez Galindo, fuera detenido por presunta relación con una operación de narcotráfico y por cobrar dinero de traficantes de droga.

Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, hombres de la guardia pretoriana de Galindo y condenados ya en el siglo XXI por los secuestros y muertes de Joxean Lasa y Joxi Zabala, también pasaron por los tribunales por estos motivos de «delincuencia común». Y Arana aporta otro dato: «Joaquín Navarro Estevan [juez ya fallecido] dijo que era notorio que en Intxaurrondo se ejercía el narcotráfico, la distribución de droga, y que se llegaban a organizar atracos». También resulta significativa la respuesta del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, a la pregunta del entonces diputado de EA Joseba Azkarraga sobre este tema. El fiscal eludió completamente entrar en las sospechas y alertó de la «gravedad» de «introducir dudas sobre la honorabilidad de quienes tienen por misión luchar contra el terrorismo». Luego esgrimió que «hay que mantener, por virtud de la presunción de inocencia y de los derechos que goza cualquier ciudadano, incluso si es teniente coronel de la Guardia Civil, que la sociedad está correctamente defendida frente al narcotráfico y al terrorismo».

 

 

Webgrafía

 

Bibliografía

  • Burguera Durá, L. (2016). Cine documental sobre ETA y” conflicto vasco”.
  • Sánchez-Cuenca, I. (2009). La violencia terrorista en la transición española a la democracia. Historia del Presente, 14(2).
  • Wilhelmi, G.(s.f.).Las otras víctimas de una transición nada pacífica . Universidad Autónoma de Madrid

 

 

 

 

 

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